Fundamento Constitucional
El fundamento constitucional del Sistema Financiero Internacional (SFI) se basa en una serie de tratados, acuerdos y principios que han sido desarrollados y adoptados por los países miembros. Estos acuerdos establecen las bases jurídicas y normativas del SFI, otorgando a sus instituciones la autoridad para llevar a cabo su misión de estabilizar y fortalecer la economía global. Los países participantes ratifican estos tratados en sus legislaciones nacionales, incorporando sus compromisos y reglas en el marco constitucional de sus sistemas financieros.
El SFI, liderado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, surge de acuerdos internacionales, específicamente de la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Los acuerdos de Bretton Woods establecieron los principios rectores para la cooperación económica y financiera internacional, con un marco legal que todos los países miembros deben acatar. Estos principios tienen una base constitucional porque son ratificados por los parlamentos de cada país miembro, dándoles fuerza de ley y obligando a los estados a cumplir las disposiciones establecidas.
La Carta del FMI y los convenios del Banco Mundial representan documentos fundacionales que constituyen el núcleo del marco jurídico del SFI. Los países miembros están obligados a cumplir con las obligaciones estipuladas en estos documentos, y en muchos casos, su adopción implica una modificación en las leyes y, en ciertos casos, en la Constitución nacional para alinearse con los compromisos adquiridos. Esto otorga una solidez jurídica y constitucional al SFI, asegurando que las reglas y normas que regulan el sistema sean respetadas.
El fundamento del SFI también se apoya en los principios de soberanía y cooperación internacional. Si bien los países conservan su soberanía para tomar decisiones internas, al participar en el SFI aceptan ciertas limitaciones a su autonomía en el manejo de sus políticas económicas y financieras. Este acuerdo colectivo, reflejado en sus constituciones y leyes, permite que las naciones trabajen juntas en favor de la estabilidad financiera global, equilibrando la soberanía con la interdependencia económica.
El artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI establece que los países miembros deben evitar manipulaciones cambiarias que afecten injustamente la estabilidad financiera de otros países. Este compromiso internacional tiene fuerza legal en cada país miembro, ya que el respeto a los principios del FMI forma parte de las obligaciones adquiridas al suscribir el convenio. Este artículo se convierte, así, en un principio constitucional implícito para la política monetaria de los países, que limita el uso de la devaluación competitiva como estrategia económica.
Además de los tratados internacionales, el SFI se apoya en principios constitucionales fundamentales de la economía global, tales como el libre comercio, la protección de los derechos de propiedad y la no discriminación en el tratamiento de inversionistas y empresas extranjeras. Estos principios son reconocidos en la legislación de muchos países, dando así un marco legal y constitucional que facilita el funcionamiento del sistema financiero global. La protección de los derechos de propiedad, por ejemplo, es esencial para atraer inversión extranjera y es un principio que muchos países han adoptado en sus constituciones.
